Revista
La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), junto con Endesa Generación, han presentado un recurso administrativo ante la Audiencia Nacional contra los impuestos sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos.
Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional comunica el recurso que se interpone contra la Orden ministerial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 5 de abril por la que se aprueban los modelos 584 y 585 y por la que se establece la forma y procedimiento para su presentación. Así, los interesados disponen de un plazo de nueve días para personarse en los autos a partir de este martes.
Quizá sea ésta una nueva vuelta de tuerca al conflicto de Garoña. Y es que en diciembre del pasado año, y con la reforma energética recién estrenada, Nuclenor, empresa constituida por Endesa e Iberdrola, aseguraba que con los nuevos impuestos incluidos en esta norma sobre generación y residuos, la central no podía continuar activa.
En lo que llevamos de año, Nuclenor y el Ministerio de Industria han vivido un ‘tira y afloja’ sobre el futuro de Garoña, hasta acabar negociando una posible ampliación de un año de la vida de la central, que iba a echar el cierre el próximo 6 de julio.
A pesar de los esfuerzos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por dar el ‘sí’ en menos de una semana, el pasado 19 de junio, el ministro de Industria, José Manuel Soria, confirmó que el Gobierno iba a decretar el cese de explotación de la central ante la imposibilidad de cumplir los plazos legales para permitir su prórroga. Así, se confirmaba el cierre de la central más antigua y polémica de nuestro país, aunque parece que Nuclenor no va a parar hasta quemar hasta el último cartucho antes de ver Garoña cerrada.
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