El pasado jueves, 7 de noviembre de 2013, la PMcM – Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, celebró su II Cumbre de Morosidad, al que han asistido casi 300 organizaciones empresariales, autónomos y directivos de compañías y ha contado con la participación del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; el Director General del Área de Industria, Daniel Calleja y el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, así como, los responsables de Economía de los grupos parlamentarios y varios expertos en morosidad en diferentes ámbitos.
Un acto, con el que se ha conseguido promover un gran pacto político – empresarial en intenciones y compromisos para reducir los plazos de pago en España: Cristobal Montoro se ha comprometido a que a final de año las administraciones públicas españolas dejarán de ser morosas. Mientras que la Comisión Europea ha emplazado a la PMcM a una reunión en enero del próximo año para analizar conjuntamente la problemática de la morosidad en nuestro país y buscar posibles soluciones efectivas.
Francesc Acín, presidente de AFME y vicepresidente de la PMcM, intervino en la ponencia “El marco económico y empresarial”, en la cual, se analizó la situación de la morosidad en España. Mientras que Andrés Carasso Vendrell, Secretario General – Gerente de AFME y Tesorero de la citada Plataforma, moderó la ponencia “Análisis del marco jurídico español y europeo”.
La PMcM insta a establecer un régimen sancionador, con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros, y reivindica la creación del Observatorio contra la Morosidad, cuya puesta en marcha permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos en nuestro país. A propuesta de Convergencia i Unió (CIU) y con el respaldo de los grupos parlamentarios, en el plazo de dos a tres meses se realizará una propuesta de ley para iniciar el trámite parlamentario del régimen sancionador.
La morosidad es una lacra que afecta a la competitividad de nuestra economía y que, según datos de la PMcM, ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis. Por ello es fundamental seguir luchando por una correcta aplicación de la Ley, para acercar nuestros plazos de pago a los de nuestros colegas europeos.
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